El gobierno del Estado está preparando una modificación de la Ley de Hidrocarburos para reducir la oposición de las personas al fracking. Con esta medida, el Gobierno pretende sobornar a los propietarios de los terrenos. El convertirlos en accionistas de la industria del fracking, conlleva una serie de connotaciones muy peligrosas:
PRIMERA: Las empresas no tendrán que hacer expropiaciones forzosas o comprar parcelas, por lo que no tienen que gastar ni un euro en esta tarea de conseguir los terrenos, donde llevar a cabo los pozos de fracking. El presunto beneficio de los propietarios vendrá dado por la especulación en bolsa, de lo que ya se conoce como la burbuja gasística.
SEGUNDA: Los municipios afectados, ya no tendrán solo un enemigo focalizado como hasta ahora era la empresa destructora del territorio, sino que además, tendrán a sus propios vecinos y vecinas que sucumban a esta gran estafa y cedan sus tierras para llevar a cabo el fracking.
TERCERA: En caso más que probable de que aparezca algún problema de contaminación derivado de la industria del fracking, la capacidad de denuncia y de pedir las posibles indemnizaciones, se verá muy limitada por ser accionistas de la empresa infractora (cómplices).
CUARTA: Cualquier episodio de contaminación, no se quedará aislado dentro de los límites de las parcelas de los vecinos accionistas, sino que afectará a una cantidad de territorio y recursos naturales de difícil evaluación. Convirtiéndose estas personas en cómplices del daño medioambiental de difícil o imposible reparación (siendo posible, si acaso, la petición de indemnizaciones por parte de los vecinos afectados, ya que los vecinos accionistas son parte de la empresa infractora).
Debe quedar muy claro que los presuntos recursos que estas multinacionales quieren explotar, es para su único beneficio. Cogen un patrimonio, que es de todas y todos y lo explotan en su beneficio particular, dejando el territorio invadido solo con contaminación y un subsuelo roto. Así mismo, quiero recordar que el subsuelo es del Estado.
Una vez más, quiero insistir en la incompatibilidad que genera el fracking con cualquier otro uso que se quiera hacer del territorio, así como con el resto de sectores económicos y productivos de los municipios.
Esta propuesta del Gobierno, es un intento de romper el amplio posicionamiento mayoritario en contra del fracking. No permitamos que se enfrenten unos con otros. Informemos a nuestros vecinos con el fin de que no se dejen llevar por la codicia, viendo solo un pequeño beneficio presente y se centren en la salud y en el futuro de nuestras comunidades.
